El acto tuvo lugar el 16 de marzo de 2022 en Madrid, en el Casino Militar de Gran Vía, en el que participaron Fernando Paz, historiador y escritor, Guillermo Rocafort, jurista e historiador, Antonio Nadal, catedrático de Historia Contemporánea y Javier Campal, presidente de la Asociación, con una notable asistencia de público superior a las 200 personas.

La Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica apuesta firmemente por superar toda rivalidad ideológica y política en aras de un entorno pacífico de convivencia y de respeto en España. Así como garantizar la defensa de nuestro patrimonio histórico como un elemento de convivencia, siempre desde la legalidad establecida.

La institución trabaja por transmitir la verdad el legado de nuestro pasado a las futuras generaciones, sin sesgos ni manipulaciones, con el respeto a la verdad y a los hechos históricos, sin excluir a ningún segmento de la sociedad española.

Se trata de una Asociación solidaria, de ámbito nacional, cuyo marco de actuación es la Constitución. Independiente de cualquier partido político y compuesta por un equipo multidisciplinar de profesionales: abogados, historiadores, artistas y militares, entre otros, que llevan 10 años trabajando por la defensa del patrimonio histórico español. Y hará frente a todo intento de expolio del mismo bajo la apariencia de Memoria Histórica y para ello no escatimará en recursos humanos, materiales y económicos.

Su origen se sitúa en la presentación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y en la preocupación de gran parte de la sociedad por una Ley cuya intención es reconocer y reparar a las víctimas de uno de los dos bandos de la Guerra Civil y que falsifica y mutila la historia.

Esta ley es un arma ideológica para dividir y enfrentar a los españoles que se radicalizará si se aprueba la Ley de Memoria Democrática que vulnera derechos constitucionales como la igualdad entre los españoles, la presunción de inocencia o la libertad de cátedra, entre otros (puedes consultar los «Errores de la Memoria Democrática» en este enlace). Incluso pretende la destrucción de una parte esencial del Patrimonio Histórico que es un bien cultural y artístico propiedad de todos los españoles por encima de cualquier ideología. Se trata de una ley contraria a los valores de la Constitución vigente, ya que discrimina por razón de ideología y atenta contra el pluralismo político.