La delegada del Gobierno se atiene a «criterios de seguridad» al ubicar manifestaciones ante el Congreso
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que quiso entrar por el parking de los juzgados de Plaza de Castilla, fue conminada a hacerlo como el resto de ciudadanos, y llegó a pie junto a sus asesores para declarar ante el juez de Instrucción número 24 de Madrid. González aseguró que las concentraciones comunicadas a la Delegación de Gobierno a celebrarse frente al Congreso de los Diputados se ubican en función de criterios «absolutamente» técnicos y de seguridad.
La delegada compareció en calidad de querellada por un delito de prevaricación en relación a una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y después de que tanto Fiscalía como Abogacía del Estado intentaran sin éxito que se archivara la causa.La querella se interpuso con motivo de la autorización el pasado julio de la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica cuando había reubicado un día antes una manifestación de la asociación por la Reconciliación. En su caso, se les trasladó frente al Hotel The Westin Palace, en el número 7 de la Plaza de Las Cortes. Los querellantes denunciaban que «en función del signo político de la asociación convocante, se produce una diferenciación, sin base legal alguna, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión».
Tras finalizar la comparecencia, la delegada manifestó estar tranquila tras dejar «completamente claro» que no hubo ninguna delimitación ni limitación al derecho de manifestación respecto a la entidad querellante. «Espero que el caso no tenga recorrido», dijo a los medios a la puerta de los juzgados.
Ante el juez detalló cómo funciona el derecho de reunión y manifestación, así como los criterios que usa la Delegación de Gobierno para ubicar manifestaciones ante el Congreso de los Diputados. Frente a los argumentos de los querellantes, la delegada recalcó que se atienen a tres reglas: la primera se refiere al número de personas; la segunda, si hay o no ese día sesión plenaria; y por último, si ese colectivo puede llevar a algún tipo de alteración del orden público. En este caso, dijo, se tuvo en cuenta el número de personas para ubicar la concentración. «Si hay menos de 150 van dentro, si hay más de 150 se ubican en otra zona y si hay miles en otra ubicación. Pero siempre dentro de la plaza, que es muy amplia. No hay ninguna delimitación ni limitación. Lo que hay es una ubicación dentro de la plaza», señaló.
Por los motivos de seguridad que alega, el portavoz de la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica, Guillermo Rocafort, asegura que «sí tendrían que haber podido manifestarse justo frente al Congreso», mientras que «la otra entidad que resultó privilegiada» por la Delegación del Gobierno «es la que tendría que haber sido alejada» de la Cámara «por sus insultos y porque además en ese momento había un Pleno que debatía y votaba la Ley de Memoria Democrática», aparte de que «nos constan concentraciones masivas, hasta pintando los leones de rojo, autorizadas anteriormente».
En este sentido, los querellantes concretan como ejemplo de «otras manifestaciones multitudinarias frente al Congreso la de 8.000 sanitarios, según los organizadores; 1.700 según la Subdelegación del Gobierno –el 18 de junio del año pasado– o 3.000 veterinarios» –en abril de 2022–, y «una concentración de ecologistas que vandalizó con pintura roja la fachada, con el diputado progubernamental Juan López de Uralde entre ellos» –también en la primavera del año pasado–.
Fuentes de la asociación dicen haber visto a Mercedes González «muy tranquila, muy protegida y arropada y con la lección bien aprendida, teniendo en cuenta el respaldo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en su defensa».
En la citación, el juez expone que los hechos denunciados «hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
El pasado 13 de julio, como estaba previsto, «la asociación convocante acudió, en el ejercicio legítimo de su derecho de reunión, junto a ciudadanos convocados, asistieron a la concentración, que debía desarrollarse frente al Congreso de los Diputados, al ser un sitio de especial visibilidad y, en definitiva, por ser el sitio en el que se había acordado celebrar la concentración».
A pesar de ello, según la querella, en el momento de la celebración de la concentración, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informaron al presidente de la asociación querellante que debía celebrarse más abajo, concretamente unos metros más abajo del Congreso, en la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas».
«El día 14 de julio, es decir, un día más tarde de la concentración convocada por la asociación querellante, la delegación gubernamental tomó conocimiento de otra concentración de una asociación que defendía la nueva Ley de Memoria Democrática y que se celebró, sin ninguna limitación ni restricción, en la zona peatonal de las Cortes, justo enfrente del Congreso de los Diputados (lugar, cabe recordar, donde se debería haber celebrado la de la asociación querellante», expone el texto.
