Exiliados y manipulación
Mientras aparenta resarcir moralmente a familiares de los auténticos exiliados, el Gobierno incluye en el mismo saco a miles de personas que no se marcharon por motivos políticos
Meses atrás, ABC desveló cómo la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno había sido complementada con resoluciones del Ministerio de Justicia para abordar una nacionalización masiva de hijos, nietos y otros familiares de personas que salieron de España a otros países durante la dictadura de Franco. En aquel momento, ABC reveló que una de las cuestiones de fondo que justificaban esa decisión era aumentar el censo electoral de españoles en el extranjero con capacidad para votar, de modo que los nuevos nacionalizados perciban al Gobierno de Sánchez como una suerte de benefactor universal al que atribuir y agradecer las bondades de su nuevo estatus jurídico y, por tanto, sus nuevos derechos adquiridos. Hoy, ABC hace nuevas revelaciones al respecto porque el Gobierno está inflando de manera artificial la cifra de exiliados del franquismo, utilizando para ello una treta administrativa, según la cual cada descendiente de un español que tramite su nacionalización se ve obligado a hacerlo alegando razones políticas para huir de la dictadura, y negando la posibilidad de plantear que sus antepasados salieron de España por motivos personales, laborales o económicos en busca de una vida mejor durante la posguerra.
La Ley de Memoria Democrática es profundamente imperfecta por el cariz sesgado y selectivo de su revisionismo histórico en muchos aspectos. Algún otro apartado de la ley tiene sentido, por ejemplo, el reconocimiento de ese estatus de nacionalización a descendientes de españoles que, en efecto, huyeron de la dictadura, y que sin ella habrían permanecido en España y hoy habrían sido ciudadanos españoles con todos los derechos legalmente reconocidos. Lo que una vez más no tiene sentido son las formas del Gobierno, que mientras aparenta resarcir moralmente a familiares de los auténticos exiliados, incluye en el mismo saco a miles de personas que se marcharon buscando nuevas oportunidades y no necesariamente por motivos políticos. El Gobierno se atribuye así una suerte de propiedad intelectual sobre todos los descendientes de españoles en el extranjero, de modo que le basta con usar un simple formulario forzoso para que todo aquel que quiera nacionalizarse deba alegar necesariamente que su familia sufrió persecución durante la dictadura. Es legítimo invocar ese resarcimiento moral, pero no lo es manipular las causas por las que alguien haya de nacionalizarse, confundiendo todo en un magma ideológico que en realidad sirve para dar cobertura a intereses electoralistas del Gobierno.
La técnica jurídico-legislativa del Ejecutivo es simplista y así lo viene demostrando ya en diversas leyes y normas que después son revocadas o corregidas por los tribunales. Sin embargo, en este caso no hay error interpretativo posible. Justicia ha puesto a disposición de los aspirantes a nacionalizarse un documento deliberadamente redactado para argumentar que el exilio franquista fue el único motivo real que movió a sus antepasados a salir de España. Y cuando ABC ha preguntado al respecto, Justicia solo ha ofrecido silencio, lo que reafirma la evidencia de que al Gobierno solo le interesa inflar las cifras de ‘exiliados políticos’, lo fueran o no, y tratar de ganar votos en el exterior. Si fuese un simple error administrativo de Justicia, sería fácilmente subsanable llevando al BOE un formulario en el que el ciudadano no se vea obligatoriamente coartado a la hora de poderlo cumplimentar. El efecto multiplicador de las nacionalizaciones, que están colapsando embajadas y consulados, se basa más en un interés revanchista y electoral del Ejecutivo que en una auténtica cuestión de memoria y justicia histórica.
