La Junta de Castilla y León se abre a exhumar a cientos de soldados nacionales en Segovia
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), junto al vicepresidente, Juan García-Gallardo
La noticia publicada este pasado martes por THE OBJECTIVE los ha puesto en el mapa. Literalmente. Los cientos de soldados «nacionales» que se hallan aún en el cementerio de El Espinar (Segovia), ignorados deliberadamente en las exhumaciones auspiciadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, serán exhumados y/o dignificados de algún modo por la Junta de Castilla y León -gobernada por PP y Vox en coalición-. Al menos, serán incluidos en el mapa de fosas de la región, según confirman a este medio fuentes del Ejecutivo autonómico.
La denuncia de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces habría llegado hasta la Vicepresidencia que ostenta Juan García-Gallardo (Vox). La Junta estaría abierta a atender las demandas de la entidad, que ha solicitado al Gobierno castellanoleonés el «reconocimiento y dignificación» de los cadáveres que todavía se hallan ahí, porque entienden que se ha producido una «discriminación».
Septiembre de 2020. Aquel mes, en los trabajos para la recuperación de 17 milicianos enterrados en una fosa común, se encontraron 14 cuerpos, entre ellos los del republicano Eugenio Insúa. Pero también dos cadáveres con correajes, hebillas y restos de uniforme coincidentes con oficiales del bando sublevado. Según relata el periodista Luis Besa, esos cuerpos no se dignificaron porque -según palabras de los técnicos de la excavación- no respondían al «contexto» que buscaba la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que dio por concluida la exhumación.
Más de dos años después, la Asociación Raíces denuncia que «todavía 900 soldados del ejército nacional están en el cementerio de El Espinar a la espera de un mínimo reconocimiento y dignificación en las fosas anónimas que los contienen, ocultas a los ojos del presente y del futuro de España». Y todo ello, según abundan fuentes de la entidad, por «el sectarismo» con el que «la clase política, las asociaciones memorialistas y el mundo universitario» están tratando a los soldados franquistas.
En el libro Historia Militar de la Guerra de España (1969) de Manuel Aznar Zubigaray, periodista destacado del siglo XX y abuelo del expresidente José María Aznar, se relata la crudeza de los combates que tuvieron lugar en el Alto del León, en la Sierra de Guadarrama de Madrid, justo al comienzo de la Guerra Civil, y el porqué de sus masivos enterramientos anónimos en el citado cementerio de El Espinar.
«Día 26 de Julio de 1936. Aumentadas la Aviación y la Artillería del enemigo [se refiere al bando republicano], la gente nuestra [bando nacional], diseminada o agrupada alrededor del monumento del León (que corona el paso) y en las piedras del terreno, se cubre como puede del incesante peligro que supone permanecer en la fatídica explanada, cada vez mejor batida por la artillería y los proyectiles de la aviación contraria, que se recrea escogiendo los objetivos y las oportunidades. No se duerme, no se descansa. Los heridos y los muertos son evacuados como se puede, unos a San Rafael, otros, en montón anónimo, son enterrados en el cementerio de El Espinar. No se cuentan, no se apuntan, no se identifican», dejó por escrito Aznar Zubigaray.
Decreto de Concordia
El pasado mes de agosto Castilla y León publicó su primer mapa de fosas comunes. Este registra actualmente 680, pero un informe de la Universidad de Burgos afirma que más de la mitad siguen sin estar localizadas y, por tanto, los restos que ahí yacen están por exhumar. Según esta investigación, Burgos es la provincia que más fosas comunes ha registrado (119), seguida de León (111), Valladolid (105), Salamanca (94), Palencia (66), Soria (57), Ávila (55), Segovia (50) y Zamora (23).
El informe fue solicitado por el antiguo Gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. En la actualidad, PP y Vox negocian el nuevo decreto de Memoria, al que se refieren como decreto de Concordia. Este se presentará en 2023 e incorporará medidas como la protección de bienes de interés cultural (BIC) de todos aquellos elementos con valor histórico, incluidas las inscripciones en lápidas, para evitar que sean retirados por aplicación del «vandalismo destructivo» de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de España en octubre y ya en vigor.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ha mostrado partidario a reconocer a las víctimas del régimen franquista, pero también a las del bando republicano. Así las cosas, podría empezar por las fosas comunes del cementerio de El Espinar (Segovia), donde yacen cientos de cadáveres de soldados sublevados.
Desde la Asociación Raíces dicen estar «encantados con esta línea de colaboración que se puede abrir con la Junta de Castilla y León, la cual va a ser pionera en el trato justo y equitativo a todas las personas fallecidas por la Guerra Civil, frente al sectarismo que ha existido hasta ahora por parte de la izquierda». También se dicen «esperanzados» en que «el mensaje de concordia llegue a millones de castellanoleoneses por la vía de actos concretos, como la dignificación de las fosas que hay en El Espinar».
«Estamos recopilando datos de más fosas en Castilla y León que están en la misma situación que El Espinar, en Segovia, y entendemos que serán precisas labores de reconocimiento y dignificación hacia esas personas que allí reposan de forma anónima», adelantan desde la entidad, desde donde zanjan: «Todos los caídos y represaliados de la Guerra Civil merecen el reconocimiento de la sociedad española, y no solo los de un bando».
