El PP pregunta en el Congreso por las nacionalizaciones de la Ley de Memoria Democrática
Quiere saber cuántos expedientes hay y si la Junta Electoral está tramitando las condiciones para que los nuevos españoles puedan votar
El Partido Popular, que ya ha mostrado interés por el proceso de nacionalizaciones en marcha a través de la Ley de Memoria Democrática, ha trasladado una serie de preguntas a la Mesa del Congreso de los Diputados sobre la puesta en marcha de una norma que ha sido denunciada por sus presuntas «irregularidades» y el supuesto uso electoral por parte del Gobierno de coalición.
El principal partido de la oposición quiere despejar varias incógnitas sobre la disposición adicional séptima de la ley que entró en vigor el pasado 21 de octubre tras su publicación en el BOE, pero también respecto a cuántas solicitudes se presentaron en aplicación de la anterior ley de Memoria de 2007 hasta su reciente derogación; desglosadas por años y países de residencia, y cuántos expedientes de resolución denegatorios se acordaron.
Acerca de la Ley de Memoria Democrática, las preguntas arrancan con la pretensión de averiguar las solicitudes recibidas «desde su entrada en vigor hasta la fecha de respuesta; cuántos expedientes favorables y denegatorios se han acordado, por los distintos supuestos y por países de residencia de los solicitantes». Asimismo, los parlamentarios del Grupo Popular –José Antonio Bermúdez de Castro, Marta González, Isabel María Borrego, Macarena Montesinos, Jaime Miguel Mateu y Jesús Moro– quieren saber qué documentos «se exigen para justificar el cumplimiento de cada uno de los supuestos previstos en la ley; cuál es el tiempo medio de resolución de los expedientes, tanto favorables como desfavorables; cuál es el tiempo medio de respuesta a las peticiones de nacionalidad en virtud del procedimiento general del artículo 24 del Código Civil, y si ha sido necesario reforzar el personal de las embajadas y consulados como consecuencia del aumento de solicitudes del trámite de nacionalidad y en qué países se está produciendo el mayor número».
Otra preocupación que transmiten los diputados del PP viene de la «cercanía» de las convocatorias electorales –autonómicas y municipales– del próximo 28 de mayo –sin olvidar que a finales de 2023 se celebrarán las elecciones generales–. Las preguntas en este sentido consisten en si el Gobierno ha solicitado ya a la Junta Electoral Central el informe, «que habrá de ser favorable», para adoptar mediante real decreto, las medidas necesarias para complementar o sustituir, en función de las circunstancias concretas de los países de residencia de los electores, los envíos postales previstos en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), «por un envío telemático que reúna las garantías previstas en la legislación electoral, así como la previsión de mecanismos alternativos para aquellos electores que no dispongan de medios telemáticos propios».
Además se cuestiona al Ejecutivo sobre si ha pedido a la Junta Electoral el correspondiente informe, que igualmente debe ser «favorable», para llevar a cabo, «a través de la administración consular, y en coordinación con la Oficina del Censo Electoral, un procedimiento extraordinario de verificación de datos de las personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes», para «comprobar» su fe de vida, «así como la corrección de los datos inscritos, habida cuenta» de que, según establece la Loreg, «el plazo que habilita el Gobierno para llevarlo a cabo finaliza el 4 de abril, exactamente el mismo día que deberán publicarse las convocatorias electorales para el 28 de mayo». Y, en el mismo sentido, si ya se ha procedido a «revisar la normativa sobre inscripción en los registros de Matrícula de las oficinas consulares en el extranjero», como también dispone la LOREG y cuyo plazo de «revisión» expira también el 4 de abril.
Además, indaga el PP sobre si ya se ha requerido a la Junta Electoral Central el informe «para adoptar las medidas extraordinarias precisas para garantizar que las personas enfermas y con discapacidad residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto». Y de la misma manera, preguntan los diputados de Génova si el Gobierno ha instado ya al organismo electoral a «dictar una orden en la que se establezcan las condiciones para la designación de los nuevos centros habilitados para el depósito del voto en urna, además de las embajadas y oficinas consulares», determinando de igual modo «las garantías, los procedimientos homogéneos y las consiguientes dotaciones materiales y personales destinadas a este fin, entre las que se dispondrán sistemas de seguridad adecuados para los sobres de envío», tal y como establece la LOREG.
Por último, los parlamentarios del PP se interesan por la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de la Ley de Memoria Democrática, que establece como documentos suficientes para acreditar la condición de exiliado de los ascendientes para obtener la nacionalidad española, «certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida, que estén relacionadas con el exilio, bien por haberlo padecido sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».
En este caso pregunta el PP por la «relación completa de los partidos» o cualesquiera entidades «que están emitiendo o están en condiciones de emitir, a juicio del Gobierno, este tipo de documentos»; si cree el Ejecutivo «que un documento emitido por entidades privadas indeterminadas puede asimilarse y tener el tratamiento de los certificados emitidos por fedatario público por reunir la suficiente presunción de veracidad que puede desplegar a efectos jurídicos de tanta trascendencia como la adquisición de la nacionalidad española». Asimismo, «qué actuaciones de comprobación» de estos documentos «se realizan y en base a qué criterios jurídicos se consideran suficientes para tramitar un expediente de este tipo» y «qué funcionario o autoridad valida que se ajustan a derecho». Por último, interroga sobre si están incluidas asociaciones memorialistas entre las entidades con facultad de emitir las certificaciones y su relación nominal en caso afirmativo.
