Querella por prevaricación contra la delegada del Gobierno en Madrid
Autorizó la concentración de un grupo memorialista ante el Congreso de los Diputados cuando había reubicado una manifestación de signo contrario el día antes
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que vio frustrado su deseo de manifestarse ante el Congreso de los Diputados el mismo día que se aprobaba la Ley de Memoria Democrática cuando al día siguiente se permitió hacerlo a una entidad memorialista, ha presentado una querella por presunta prevaricación contra Mercedes González Fernández, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Con motivo de la aprobación de la nueva Ley de Memoria, la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica comunicó a la Delegación del Gobierno la realización de una concentración frente a la Cámara Baja el pasado 13 de julio a las 18:00 horas. La delegada contestó ubicándoles «en la Plaza de las Cortes, en el espacio comprendido entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes», frente al Hotel Palace, unos metros más abajo del lugar que deseaban, y entre las 19:30 y las 22:00 horas.
El 13 de julio, como estaba previsto, la asociación convocante acudió, «en el ejercicio legítimo de su derecho de reunión», y «junto a ciudadanos convocados» a la concentración «que debía desarrollarse frente al Congreso, al ser un sitio de especial visibilidad y, en definitiva, en el que se había acordado celebrar». A pesar de ello, en el momento de iniciarse la cita, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informaron al presidente de la asociación querellante de que «debía celebrarse más abajo», concretamente «unos metros más allá del Congreso, en la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas, con el perjuicio inherente en tal cambio: de un lado, la pérdida de visibilidad de los manifestantes y la limitación ilegítima de su derecho de reunión; por otro, la pérdida de ocasión de ser vistos desde el Congreso, lugar donde se debate la aprobación de la Ley que es acicate de la concentración».
Pero los querellantes aseguran que «si tal hecho ya supone, per se, una conducta contraria a Derecho, cabe ir más allá», porque el 14 de julio, «es decir, un día más tarde de la concentración» convocada por ellos, «la delegación gubernamental tomó conocimiento de otra de una asociación que defendía la nueva Ley de Memoria Democrática y que se celebró, sin ninguna limitación ni restricción, en la zona peatonal de las Cortes, justo enfrente del Congreso (lugar, cabe recordar, donde se debería haber celebrado la de la asociación» que busca ahora justicia.
Por este motivo, la lectura que hace la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica es que «en función del signo político de quien sea el convocante se produce una diferenciación, sin base legal alguna, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión».
La entidad requirió así mismo, con base en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, los datos sobre su resolución y la del grupo contrario, para probar la «diferencia en el trato». Así tuvo acceso al escrito del representante del Encuentro de Asociaciones de Memoria y Víctimas del Franquismo, en el que comunicaba su reunión.
Según los querellantes, la delegada del Gobierno, «en función del sesgo ideológico de la asociación convocante, permite el normal desarrollo de las concentraciones o, por el contrario, reduce su visibilidad y modifica su recorrido o lugar de celebración».
Para ello, la «única explicación» que les ofrecieron los agentes de Policía Nacional presentes fue «que no se podía celebrar una concentración enfrente del Congreso en la misma fecha de celebración de Pleno». Sin embargo, este motivo «no puede acogerse, por cuanto el día 13 de julio, día previsto» para la cita de la Asociación por la Reconciliación, «no había Pleno convocado, a diferencia de lo ocurrido el día 14 de julio, cuando sí lo había y cuando se permitió la concentración de la otra asociación».
Y «prueba de ello es la respuesta» aportada al juzgado del director general de la Policía, de fecha 13 de septiembre, en la que Francisco Pardo Piqueras expone que «se cumplieron las directrices establecidas en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, sin modificación alguna».
«Una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia»
Según la entidad querellante, los hechos son constitutivos de un delito de «prevaricación del artículo 404 del Código Penal», cuyo tenor literal establece lo siguiente: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años». El escrito presentado el pasado día 11 incluye la solicitud de declaración de la querellada –Mercedes González, delegada del Gobierno– en calidad de «investigada», así como la de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, en condición de «testigo», junto a «las que se deriven» del proceso.
Sin ánimo de ofender a nadie, sí quiero manifestar mi apoyo todo aquel/lla que haga cumplir la legislación vigente y que al mismo tiempo dé ejemplo y la cumpla él o ella. Se está convirtiendo ya en algo normal y en no sancionable el incumplimiento de todo lo referente al orden, sea público, ético, jurídico. P U E B L O…. despierta, vive y actúa. Lee varias ves «el languidecer de la rana». Nos puede pasar igual a nosotros….. que cuando intentemos reaccionar, ya no tendremos leyes en que apoyarnos y sólo nos quedará…. morir achicharrados. ÁNIMO.!!!
Estoy de acuerdo con todo lo manifestado por ustedes. También quiero independencia ,TOTAL, del Poder Judicial, de los otros poderes y todo lo que se haga en el Poder legislativo esté aprobado por los diputados en el Congreso; pero, bajo lo propuesto por la Constitución Española. No me gusta que me gobiernen a base de Decretos de Ley.
Gracias por levantar la voz en nombre de todos los buenos ESPAÑOLES
Yo, sí comprendo el cinismo de este mal Gobierno. También reconozco que cuando han gobernado los partidos de derechas, que debían mostrar uno sanos principios. no lo han hecho. No han tenido ningún problema en aceptar todas las mentiras de las izquierdas sin restricción. Pero cuando gobiernan las izquierdas, solo ellos tienen razón, con mentiras, injurias, insensateces. Son capaces de destruir todo lo bueno y bello que hay en España. La Ley de Memoria democrática, es insensata, estúpida e injusta. La rechazo.
Me encanta vuestra acción, me gusta muchisimo, no solo porque es justa sino porque es de un total sentido común.
Gracias y enhorabuena.
La indignación es enorme por qué en la España de raíces profundas cristianas hemos consentido que un ateo profundo sea hecho con el poder en España y los españoles no reaccionan todos en masa lo que no es probable porque un gobierno comunista no solo no lo va a facilitar ni a favorecer y como Cristiano profundo solo nos queda rezar y actuar en consecuencia en las urnas cuando toque porque el pueblo lo echará del poder.
Pero que cabrones, y que degenerados , por que visto lo visto
Que pena que nuestra España la estén deteriorando estas personas sin prejuicios y resentidas con total impunidad, la prepotencia y la mentira la llevan por bandera. Las personas que los apoyan con su voto podían darse cuenta del daño causado.
Es una pena que cuando hay gobiernos de derechas , no tomen nota y actuen con igualdad para recuperar los cuerpos de asesinados por la república, en la guerra murió mucha gente en los dos bandos y no solo en el republicano, por lo tanto en el momento que haya uno , deberían contrarrestar en esa búsqueda , y mejor , anular esa ley que además de perversa es mentirosa y sectaria , dejemos a los muertos en paz, por desgracia al no ser ecuánimes, lo único que están consiguiendo es provocar enfrentamiento y frustración.
Dios quiera, que en las próximas elecciones de verdad podamos echar a este gobierno mentiroso, rencoroso e inepto
Un nuevo dictador gobierna España, asalta el Tribunal Constitucional tratando de colocar a un exministro y a una secretaria de la presidencia, despenaliza la sedición y malversación de dinero publico al gusto de independentistas. Sin duda trata de perpetuarse en el poder, lo peor esta por venir . Hay que hacer algo como escribir a la UE.
SOS Europa nuestra joven democracia os necesita, tenemos un nuevo dictador que está asaltando el poder judicial, tratando de colocar a un exministro y a una exsecretaria de la presidencia en el tribunal constitucional, para poder legalizar leyes inadmisibles en un estado de derecho como despenalizar la malversación de dinero público, despenalizar la sedición entre otros casos.
Su único objetivo es perpetuarse en el poder, no queremos un nuevo dictador, por favor SOS Europa.
Exijan la independencia del poder Judicial, fiscalicen las ayudas y fondos que nos mandan, no permitan que el dinero público sea desviado para asuntos partidistas, sindicales o personales.