Los restos de la «fosa de Andreu Nin» aún esperan una prueba de ADN
La Junta de Castilla y León incoa expediente para su El Instituto Nacional de Toxicología recibió en 2009 las muestras de la sepultura hallada el año anterior en Alcalá de HenaresBIC
Los restos encontrados en la supuesta fosa común de Andreu Nin en Alcalá de Henares en 2008 tras unas obras en el acuartelamiento Primo de Rivera fueron enviados al Instituto Anatómico Forense, hoy Instituto de Medicina Legal. El enterramiento contenía un «amasijo» de huesos que correspondía a siete personas, incluido un cráneo con un orificio de bala y dos tibias fracturadas, además de restos de ropa, pero la pista de la sepultura no ha ofrecido ninguna conclusión sobre las identidades de las víctimas, según apuntan los indicios ejecutadas por el Frente Popular.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señaló en una resolución la importancia de dar luz a este asunto después de que tanto el Ministerio de Memoria Democrática como el de Defensa manifestaran –a petición de un ciudadano particular– que desconocían el destino de los restos y nada sabían sobre su identificación en la fosa complutense «contaminada» en época de José Luis Rodríguez Zapatero. La pista para aclarar los interrogantes acabó en manos de la Justicia. El 31 de agosto del año pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladó la solicitud derivada por el Ministerio de Memoria Democrática y por este a Defensa, que a su vez se lo remitió al CGPJ, y de ahí al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que el 6 de octubre dio parte al Decanato de Juzgados de Alcalá de Henares.
El órgano judicial proporcionó la Memoria Arqueológica de la intervención y, 15 años después, el rastro llegó hasta el Anatómico Forense, según se deduce de la respuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, que informó de que «los restos ingresaron» en el órgano forense «en el año 2008, fruto de unas diligencias previas por el entonces Juzgado Número 1 de Alcalá de Henares, y finalmente fueron trasladados por orden judicial al cementerio municipal» complutense, «donde fueron depositados en un nicho». Acerca de «si llegó a hacerse alguna identificación, le informamos», reza el texto dirigido al interesado, «que en el Instituto de Medicina Legal no se realizaron, pero que se remitieron piezas dentales al Instituto Nacional de Toxicología (INTCF) para su custodia, por si se considerase necesario el cotejo del perfil genético».
Otra consulta posterior a través de Transparencia al Ministerio de Justicia especificaba que «el conjunto de muestras» son «remitidas el 2 de abril de 2009» y «recibidas en el INTCF el mismo día». El juzgado de Alcalá solicitaba «que por el INTCF se conserven dichas piezas molares con objeto de, si fuese en un futuro preciso (eventual reclamación por posibles familiares) poder hacer el estudio de ADN con fines identificativos».
Las muestras «que se recibieron, conforme a lo reseñado por el médico forense tras estudio antropológico, correspondían a 7 individuos numerados del 1 al 7, individualizadas en ese mismo orden en 7 botes, y conteniendo cada bote al menos 4 piezas». Concluía Justicia que «han permanecido y permanecen custodiadas en el Servicio de Biología del Departamento de Madrid del INTCF durante todo este tiempo en condiciones adecuadas para ser analizadas genéticamente cuando así lo solicitaran (a -20º C), no habiéndose recibido solicitud de análisis por parte del Juzgado Nº 1 de Alcalá de Henares, ni habiendo recibido tampoco muestras de posibles familiares para cotejo genético».
Y llegamos así a la recta final del caso, ante la desaprobación del interesado, que lamenta que «no haya habido pruebas de ADN» y «se diga que no han recibido solicitud del juzgado, cuando es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la que se encarga de ello», aparte el hecho «de no haberse puesto en contacto con los familiares», lo que, en su opinión, «evidencia una absoluta desidia», si se tiene en cuenta la ubicación de la fosa, cerca del chalé a las afueras de Alcalá donde el político fue desollado vivo, y los detalles de la muerte de los siete ocupantes del enterramiento, ejecutados de un tiro en la cabeza y no por fusilamiento (que era más propio de la represión franquista). Los descendientes vivos del líder del POUM son varios nietos y herederos de segundo grado, algunos de ellos residentes en El Vendrell, la localidad tarraconense en la que nació Andreu Nin. Sus hijas Nora e Ira murieron en Roma (2020) y EE UU (2011).
