Recurren ante el Supremo el nombramiento del nuevo letrado mayor del Congreso

La polémica designación de Fernando Galindo como nuevo letrado mayor del Congreso llega al Tribunal Supremo. La Asociación Reconciliación y Verdad Histórica ha recurrido su nombramiento este viernes, el mismo día que la Mesa de la Cámara baja ha dado su visto bueno con el voto en contra del PP. Los recurrentes consideran que se trata de una persona próxima al PSOE que procede del Gobierno. De hecho, hasta hace unos días ostentaba la subsecretaria del Ministerio de Política Territorial. Piden al Alto tribunal que suspenda su nombramiento de forma inmediata a través de una medida cautelarísima.

La solicitud, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, forma parte de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación ante el Supremo contra la actuación material del Gobierno en relación con una eventual ley de amnistía que perdone los delitos cometidos durante el procés. Reconciliación y Verdad Histórica sostiene que el nombramiento de Galindo como letrado mayor y secretario general del Congreso responde a intereses partidistas y busca legitimar la medida de gracia.

«Es la persona que tiene que emitir el informe jurídico preceptivo sobre la proposición de ley de amnistía», afirma el recurso. El texto insiste que Galindo es miembro «activo» del PSOE y, hasta hace unos días, parte del Gobierno. A su entender estas circunstancias ponen en entredicho la neutralidad necesaria para el cargo. «Entendemos que es un nombramiento ad hoc de una persona que pasa en unos días del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo», reconocen los recurrentes.

 

«Escándalo» en el Congreso

La propuesta de Galindo ha causado estupor en el Cuerpo de Letrados, formado por unos 50 funcionarios repartidos entre el Congreso y el Senado. La indignación ha llegado también en los grupos políticos. El PP lo considera un «escándalo». Sostiene que el nuevo letrado mayor de la Cámara baja es el brazo armado de Pedro Sánchez en su estrategia de blanquear la ley de amnistía que ha pactado con Carles Puigdemont.

En esa dirección se manifiesta la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica para recurrir su nombramiento. Entre las funciones del letrado mayor, bajo autoridad de la presidenta y de la Mesa del Congreso, se engloban los distintos servicios administrativos y técnicos de la Cámara desempeñados por funcionarios. No obstante, en opinión de los recurrentes Galindo se encuentra en una situación de «absoluta inelegibilidad» para asumir el cargo por sus antecedentes.

El recurso esgrime que el nuevo letrado mayor del Congreso ha incurrido en un conflicto de intereses e incompatibilidades recogidas en los artículos 11 y siguientes de la ley que regula el ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, pues «ha cesado hace en su puesto (en el Gobierno) hace dos días y se incorpora justo al Congreso», donde tendrá un puesto relevante. Tanto que será el encargado de pronunciarse sobre la eventual ley de amnistía que se prepara.

Reconciliación y Verdad Histórica, que ya trató de paralizar las exhumaciones del Valle de los Caídos, también alega en el recurso que su nombramiento vulnera graves derechos constitucionales, como los de igualdad (artículo 14), mérito y capacidad (artículo 23.2), acceso a la función pública en igualdad de condiciones, de neutralidad y división de poderes, recogidos en varios preceptos de nuestra Carta Magna.

 

Sucede a Gutiérrez Vicén

Para más inri, los recurrentes sostienen que la pareja del nuevo letrado mayor del Congreso «ha sido hasta hace poco un alto cargo del Gobierno». En concreto, directora general de Relaciones con las Cortes del ministerio que dirige Félix Bolaños, muñidor de los acuerdos con los independentistas. De hecho, fue el encargado de firmar este jueves el pacto con ERC por el que, entre otras cosas, se concede la competencia ferroviaria a Cataluña y se le condonan más de 15.000 millones de euros de deuda.

Galindo sucede a Carlos Gutiérrez Vicén, que anunció hace meses su deseo de ser relevado tras casi una década en el cargo, con dos presidentes del PP y dos del PSOE. Su último servicio fue el acto de juramento de la Princesa de Asturias y ahora, como alto funcionario, se adscribirá a alguna comisión parlamentaria del Congreso. Hace dos años, Gutiérrez Vicén fue el encargado de rechazar la propuesta de amnistía que presentaron los independentistas, un criterio que los socialistas hicieron suyo esos días.

La situación ahora es distinta. Así lo pone de manifiesto Reconciliación y Verdad Histórica, que entiende que, con la ley de amnistía, el Gobierno estaría vulnerando «de modo grave y flagrante» el procedimiento legal establecido. La asociación afirma en su recurso que la fórmula elegida supone «un fraude de ley», ya que se pretende utilizar la proposición de ley en lugar de un proyecto de ley «con el fin de eludir una serie de trámites y garantías procedimentales esenciales».

La asociación solicita al Tribunal Supremo que requiera al presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros y a la Mesa del Congreso que procedan para que, si quieren aprobar una ley de amnistía, presenten en la Cámara baja un proyecto de ley sobre esta materia y evite una vía «cuyo único fin es agilizar los plazos». A través de una proposición de ley conseguirían regatear los preceptivos informes de la Abogacía de Estado y del Consejo de Estado.