Sánchez incluirá preguntas sobre ‘memoria democrática’ en las oposiciones a funcionario
El Gobierno quiere incluir preguntas sobre «memoria democrática» en las pruebas selectivas para la Administración General del Estado. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que los funcionarios tengan formación en esta materia. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, afirmó recientemente que el objetivo es que «en todos los cuestionarios y programas selectivos, de oposiciones, haya un tema dedicado a la Memoria Democrática para que nuestros funcionarios la conozcan», expresó en las jornadas Memoria Democrática y mundo local, organizadas el pasado 21 de julio por la Diputación de Barcelona.
Durante su intervención, Martínez defendió lo que llamó «deber de memoria» y que pasa, manifestó, por impulsar que «la memoria entre en la escuela». «Es lo más importante» para el Gobierno, «que la gente joven conozca qué pasó», señaló.
El alto cargo de Sánchez se quejó de que antes la asignatura de Historia en Bachillerato «empezaba en Atapuerca» y se preguntó: «¿Creéis que desde Atapuerca hasta la dictadura había tiempo de que nuestra gente joven pudiese abarcarlo? Eso había que reconducirlo». En este contexto, celebró que «en la ESO empiece a estudiarse Memoria Democrática» y que los planes de formación de los profesores incluyan también estos contenidos. Martínez reconoció que «lo más importante» para el Gobierno es que «la memoria entre en la escuela». «Que la gente joven conozca qué pasó».
La ley recoge, asimismo que «las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».
Funcionarios
En el caso concreto de los funcionarios, la nueva norma obligará a que los planes de formación continua en la Administración General del Estado incorporen contenidos específicos de «capacitación y sensibilización en relación con la memoria democrática».
Especialmente «en el caso de la formación dirigida al personal que, en el desempeño de sus funciones se relacione con víctimas de la Guerra y de la Dictadura». Esos contenidos, se añade, «se elaborarán teniendo en cuenta la perspectiva de género».
Polémicas
La ley aprobada recientemente en el Congreso gracias al voto de los diputados de Bildu pasará ahora el trámite en el Senado para entrar en vigor, previsiblemente, a partir de septiembre.
En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo se ha comprometido con el partido de Arnaldo Otegi a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia y bajo el mandato de Felipe González. Ese estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».
Además, se constituye comisión estatal «independiente» de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».
Tras otro de los pactos de Sánchez con sus socios -en concreto con el PDeCAT- la ley incluirá la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».
Además, se renombra el Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros; se suprimen hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por Francisco Franco y se planea la exhumación del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, uno de los planes inmediatos del Ejecutivo cuando la ley sea definitivamente aprobada.
