«Si el río se desborda en Loyola, ¿qué va a pasar con una linde de 20 metros?»

Fue uno de los acuerdos entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos de 2021, pero a primeros de agosto de 2023 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó la suspensión temporal del convenio firmado entre el consistorio y el Ministerio de Defensa para la compraventa del cuartel de Loyola. El documento, firmado el 18 de diciembre de 2023, expiraba el pasado 18 de agosto, que suponía la fecha límite para la firma de las escrituras de la compraventa de los terrenos.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), explicaba que la suspensión temporal «no afecta a la compraventa, que se realizará una vez el Servicio Provincial de Costas se pronuncie sobre la alegación que tanto el Ayuntamiento, como Defensa y la Agencia Vasca del Agua-URA» había presentado al expediente de rectificación de la línea de deslinde, «para que se sitúe en los 20 metros».

Así consta en una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica –del que depende la dirección de Costas–, a través del Consejo de Transparencia, a la que ha tenido acceso ahora LA RAZÓN, aunque tiene fecha del pasado 9 de agosto. Esta era la respuesta ante la petición de «todos los informes y expedientes administrativos tramitados por la Dirección General de la Costa y el Mar relativos a los planes de construcción del Ayuntamiento de San Sebastián en el cuartel de Loyola y en todas las superficies que ha cedido el Ministerio de Defensa» al consistorio. Fuentes de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica hacen pública la «incongruencia» a través de este diario, una vez que está a punto de culminar el «pelotazo urbanístico».

En ese momento sobrevino la paralización del convenio que había recurrido la Asociación por la Reconciliación en un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. ¿Sus intenciones? Vox ya había conseguido protección patrimonial parcial –para alguna fachada– en otro litigio en 2022, así que el objetivo era «impedir que pase a manos de las administraciones para construir por la evidente pérdida de seguridad al modificar la linde; porque es un edificio de seguridad nacional, como declaró Mariano Rajoy antes de perder el poder, y otras cuestiones técnicas». En definitiva, «que siga siendo un cuartel en manos del Ministerio de Defensa».

El peligro, como denuncia la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica es que ese punto tiene un riesgo de inundación en el medio-largo plazo, como muestran los datos del visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. «Si se desborda el río, ¿qué va a pasar allí, con una linde de 20 metros?», se preguntan. Porque hay antecedentes. Así, en marzo de 2023, el Urumea provocó inundaciones en la región de Hernani, un episodio recurrente años atrás a causa de las intensas lluvias y el consiguiente desbordamiento del río. Y en 2011, la crecida del Urumea causó inundaciones que afectaron especialmente al barrio donostiarra de Txomin Enea, como ilustró con una elocuente galería de imágenes «El Diario Vasco».